El gobierno mexicano ha implementado nuevas restricciones al uso de efectivo en operaciones relevantes, con el objetivo de reducir el riesgo de lavado de dinero y fortalecer la trazabilidad de los recursos económicos. Esta medida se enmarca dentro de una política más amplia de prevención en materia de financiamiento ilícito.
Las autoridades han establecido topes más bajos para el uso de efectivo en ciertas transacciones relacionadas con actividades vulnerables, como la compra de bienes inmuebles, vehículos y obras de arte. A partir de ahora, estos pagos deberán realizarse mediante transferencias electrónicas, cheques nominativos o instrumentos bancarios similares cuando superen los nuevos umbrales establecidos.
Esta modificación forma parte del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), y tiene como finalidad cerrar espacios a la informalidad y aumentar la supervisión sobre los flujos de dinero.
Entre las operaciones más afectadas se encuentran:
El incumplimiento de las nuevas reglas podría derivar en sanciones administrativas, e incluso responsabilidades legales si se comprueba omisión deliberada.
Estas medidas forman parte de un esfuerzo más amplio del gobierno federal por fomentar la transparencia y promover una mayor inclusión financiera. Reducir el uso de efectivo facilita la identificación de operaciones sospechosas y permite tener un mayor control del origen y destino del dinero.
Además, se alinea con compromisos internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, atendiendo recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Recomendaciones clave para las empresas
Para adaptarse a este nuevo panorama, se sugiere a las empresas: