En los últimos meses, el Congreso de la Unión ha iniciado discusiones relevantes sobre posibles modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Estas reformas buscan fortalecer el marco normativo frente a los desafíos que presenta la sofisticación de esquemas de lavado de dinero en México.
Los delitos financieros han evolucionado rápidamente, y con ellos, las lagunas regulatorias. Las autoridades mexicanas han detectado que ciertas actividades aún no están plenamente cubiertas por la ley actual, lo que abre espacios para operaciones ilegales no identificadas.
Algunos legisladores también han señalado la necesidad de reducir la carga administrativa para ciertos sectores, sin debilitar el control que se tiene sobre las operaciones sospechosas.
México avanza hacia una normativa más robusta en materia de prevención del lavado de dinero. Las empresas y profesionales del cumplimiento deben anticiparse a los posibles ajustes, fortaleciendo desde ahora sus prácticas para evitar sanciones futuras y contribuir a un entorno económico más transparente.