El pasado 30 de junio de 2025, la Cámara de Diputados aprobó reformas significativas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley Antilavado. El dictamen, impulsado por el senador Javier Corral, fue avalado por 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones, y será turnado al Ejecutivo federal para su publicación.
Principales cambios propuestos
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Ampliación de sujetos y actividades: incorporan desarrolladores inmobiliarios, proveedores de activos virtuales, profesionales jurídicos y organizaciones sin fines de lucro.
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Definición de personas políticamente expuestas (PEP): se amplía el término a funcionarios pasados y presentes, así como a allegados, cuya definición quedará a cargo de la Secretaría de Hacienda.
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Medidas de cumplimiento: se introducen requisitos de capacitación, auditorías internas y externas, sistemas automatizados de gestión de riesgos, monitoreo continuo y reportes, además de cooperación con la Guardia Nacional.
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Protección y sanción: se establece un régimen simplificado de identificación para clientes del sector público, protección de los responsables de cumplimiento y sanciones más severas
Cambios clave para el sector inmobiliario
Uno de los sectores más impactados por esta reforma será el sector inmobiliario, especialmente los desarrolladores, constructores, agentes y empresas de compraventa de bienes inmuebles, quienes enfrentan una expansión de sus obligaciones como sujetos obligados. Entre los cambios más relevantes se encuentran:
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Inclusión expresa de desarrolladores inmobiliarios como nuevos sujetos obligados a cumplir con medidas PLD (Prevención de Lavado de Dinero).
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Obligación de identificar a los beneficiarios finales en las operaciones de compraventa o arrendamiento de inmuebles.
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Implementación de sistemas automatizados de detección de riesgos, incluyendo monitoreo de operaciones y generación de reportes internos.
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Requerimiento de auditorías internas y externas sobre sus procesos de cumplimiento.
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Capacitación obligatoria y continua para el personal involucrado en operaciones vulnerables.
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Colaboración directa con autoridades federales, incluyendo el envío de reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el acompañamiento en investigaciones cuando así se solicite.
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Régimen simplificado de identificación para operaciones con entidades públicas, pero solo si se cumplen ciertos requisitos.
Este nuevo marco legal busca reducir el uso de bienes inmuebles para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas, una práctica frecuente detectada por la UIF en operaciones relacionadas con prestanombres, pagos en efectivo y compraventa simulada.
Contexto internacional presiona a México
La reforma fue votada pocos días después de que el gobierno de Estados Unidos impusiera sanciones a tres instituciones financieras mexicanas por presuntas fallas en sus controles antilavado. Esto, según expertos, habría acelerado el impulso legislativo para actualizar la normativa y reforzar el sistema de prevención de operaciones ilícitas.