El sector automotriz en México es uno de los más dinámicos del país, pero también representa un área de riesgo para actividades ilícitas como el lavado de dinero. Por ello, las empresas dedicadas a la venta de vehículos nuevos y usados deben estar al tanto de sus obligaciones legales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
¿Por qué la compraventa de vehículos representa un riesgo?
La compra de vehículos, especialmente cuando se realiza en efectivo o sin justificar adecuadamente el origen de los recursos, puede utilizarse como mecanismo para introducir capitales ilícitos al sistema económico. Los vehículos son bienes de alto valor, fácilmente transferibles y pueden revenderse con rapidez, lo que los convierte en instrumentos atractivos para quienes buscan ocultar el origen de sus recursos.
¿Qué dice la ley en México sobre la prevención de lavado de dinero para el sector automotriz?
Desde 2013, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece que la venta de vehículos es considerada una actividad vulnerable cuando el valor de la operación supera ciertos umbrales.
Umbrales aplicables para la compraventa de vehículos
De acuerdo con la ley, se considera una actividad vulnerable la venta de vehículos cuando:
- Se realice una operación por un monto igual o superior a 3,210 UMAs (aproximadamente $337,000 MXN en 2025).
- El pago se haga en efectivo por un monto superior a 645 UMAs (cerca de $67,800 MXN en 2025).
Obligaciones para las agencias y distribuidores de vehículos
Las personas físicas o morales que realicen este tipo de operaciones deben cumplir con ciertas obligaciones que establece la LFPIORPI. Entre ellas destacan:
1. Registro ante el portal del SAT:
Toda empresa que realice actividades vulnerables debe darse de alta ante el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como sujeto obligado.
2. Identificación del cliente:
Se debe recabar información del comprador, como nombre, domicilio, actividad económica, identificación oficial y, en su caso, datos de representantes legales.
3. Reporte de operaciones:
Si la operación rebasa los montos establecidos, se debe enviar un aviso al SAT a través del portal oficial, dentro de los plazos legales (15 días hábiles después de la operación).
4. Conservación de la información:
La documentación relacionada con las operaciones reportadas debe resguardarse por un mínimo de cinco años.
Sanciones por incumplimiento
El desconocimiento o incumplimiento de estas obligaciones puede generar multas significativas. Las sanciones pueden ir desde los 200 hasta los 65,000 salarios mínimos, dependiendo del tipo de omisión o incumplimiento detectado.
Buenas prácticas para mitigar riesgos en el sector automotriz
Además del cumplimiento normativo, las empresas del sector automotriz pueden adoptar buenas prácticas para fortalecer sus controles internos:
- Establecer políticas internas de revisión de operaciones inusuales.
- Capacitar regularmente al personal de ventas y administración.
- Evaluar continuamente los perfiles de los clientes y los métodos de pago.
Conclusión: cumplimiento que protege
Cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero no solo permite evitar sanciones legales, sino que también protege la integridad de las operaciones comerciales. Las agencias automotrices que implementan controles sólidos fortalecen su reputación y contribuyen activamente a combatir el uso de recursos ilícitos en el país.